El
sábado 1 de septiembre los sindicatos de CNT-AIT de la Región de
Murcia, celebramos un día de lucha en solidaridad con dos
compañeros, Josemi y Paqui, que sufren represión sindical por su
militancia confederal.
Por
la mañana en Puerto de Mazarrón y por la tarde en Santiago de la
Ribera celebramos sendas manifestaciones, participando en cada una de
ellas algo más de medio centenar de compañeros.
Al
finalizar la manifestación del Puerto de Mazarrón un compañero del
sindicato de Lorca, leyó un comunicado en el que se reivindicaba la
contratación del compañero Josemi por las empresas que gestionan el
servicio de aguas en Mazarrón, conforme a lo acordado por la empresa
en sede Judicial, asi como se denunciaba la actuación del equipo de
gobierno municipal, que pese a ser ellos los que pagan a las empresas
y el compromiso manifestado verbalmente de mediar en el conflicto, no
hace nada por la resolución del conflicto, no solo eso, sino que un
hijo de uno de sus concejales ha sido contratado obviando el derecho
preferente de reincorporación que tiene nuestro compañero.
Constatando que la nueva empresa que presta servicios municipales de
agua, solo puede tener un motivo para no contratar a Josemi, su
pertenencia a CNT. Para finalizar proclamo nuestra intención de
seguir en la lucha hasta conseguir la reincorporación de Josemi, e
hizo un llamamiento a participar en la manifestación que tendría
lugar esa tarde en Santiago de la Ribera (San Javier).
A
igual que en la manifestación de la mañana durante la celebrada en
Santiago de la Ribera, coreamos consignas denunciando las actuaciones
de los ayuntamientos de San Javier y Mazarrón, reclamando el
derecho a un trabajo digno, y a un sindicalismo sin liberados y sin
subvenciones. Al finalizar la manifestación un compañero del
sindicato de Pilar de la Horadada leyó un comunicado en el que se
denunciaba que el ayuntamiento de San Javier niega a Paqui el
derecho a un trabajo acorde con la fibromialgia que padece.
Una
vez leído el comunicado se procedió a recoger firmas para presentar
un recurso colectivo de amparo al Defensor del Pueblo de la Región
de Murcia para que inste al equipo de gobierno del Ayuntamiento de
San Javier a destinar a Paqui a un puesto de trabajo que no agrave
los efectos de su enfermedad.
Para
terminar la Jornada una compañera del sindicato del Altiplano dio
lectura a unos versos de un compañero.
Los
equipos de gobierno de los ayuntamientos de Mazarrón y San Javier
protagonizaron los únicos incidentes de la jornada, pretendiendo
callarnos para que los ciudadanos no tengan conocimiento de sus
actuaciones.
El
Ayuntamiento de Mazarrón intento impedir la manifestación,
alegando que debería ser prohibida por la celebración de un curso
de buceo próximo al itinerario de la misma.
El
Alcalde de San Javier, con el mismo objetivo de acallarnos, días
antes de la manifestación celebró una reunión con Paqui a la que
insto a que desconvocar, pues estamos siguiendo un camino
equivocado, que con él las presiones no funcionan, que diéramos
muestras de buena fe desconvocando la manifestación, y ya se vería
después. ( Es de suponer, que el señor alcalde desee que con él la
forma de relacionarse sea inclinarse de rodillas, en espera de que
tenga a bien concederte su favor. Presuntamente pensará que los
trabajadores de “su” Ayuntamiento no tienen derechos, sino
favores que él libremente otorga, cual reyezuelo de taifas).
Una
vez fracasado el intento de suspender la manifestación, el equipo de
gobierno del Ayuntamiento de San Javier, no cejo en su empeño de
silenciarnos. Cuando nos preparábamos para iniciar la manifestación
los agentes de la policía municipal, nos informaron que tenían
orden de su jefe para que en la manifestación no se usara megafonía,
ni se repartiera propaganda, que en caso de incumplimiento
procedieran a identificar y denunciar a los infractores. Después de
un intercambio de opiniones con los agentes municipales, en el que se
negaron a darnos por escrito las prohibiciones que nos querían
imponer, iniciamos la manifestación sin ningún incidente más, y en
espera de las sanciones por el incumplimiento de las ordenanzas
municipales.
